Artículo VIII

El Artículo VIII del GATT (Derechos y formalidades, 1994) en el ámbito de la importación y exportación, se refiere a la simplificación y reducción de la incidencia y complejidad de las formalidades de importación y exportación, y a la reducción del número y diversidad de derechos y cargas. El artículo VIII cubre todos los derechos, cargas y otros aranceles, así como las formalidades relacionadas con la importación y la exportación. Incluye los requisitos relativos a los documentos y los procedimientos de despacho. El artículo contempla que los derechos y cargas impuestas sean adecuados al nivel del servicio prestado, prohibiendo por lo tanto los derechos ad valorem. Dichos derechos y cargas incluyen los derechos de licencia e inspección, no así los derechos relacionados con la naturaleza comercial de las operaciones y procedimientos. En el Artículo VIII.4, se mencionan ejemplos de derechos y cargas relacionados con las formalidades consulares, las licencias, los servicios de estadísticas, los documentos, la documentación, la expedición de certificación, el análisis y la inspección, y la cuarentena, la inspección sanitaria y la desinfección. Asimismo, el Artículo VIII, 3 estipula que los Estados Miembros no podrán imponer sanciones pecuniarias por infracciones breves, u omisiones que hubieren sido cometidas sin intención fraudulenta.

Pertinencia del Artículo VIII del GATT

Para poder importar y exportar mercancías, los comerciantes y los proveedores de servicios de transporte deben respetar diferentes reglamentaciones y procedimientos. A su vez, deben acometer numerosas formalidades y cumplir los requisitos de documentación y de información. Algunas de estas formalidades comienzan mucho antes del proceso real de importación y exportación. El modelo Comprar-Enviar-Pagar brinda una visión simplificada de los procedimientos, documentos y actores que intervienen a lo largo de la transacción comercial transfronteriza. La complejidad de los procedimientos requiere a menudo documentación e información redundantes, así como formalidades de larga duración; y los organismos públicos no siempre colaboran. Paralelamente, la jornada laboral y la inspección de las mercancías no están coordinadas, las oficinas están situadas en lugares distantes y no se puede intercambiar información. Es necesario proporcionar la información varias veces, lo cual genera retrasos, incrementa la imprevisibilidad y los costos a los comerciantes. El Artículo VIII aboga por la simplificación y minimización de la complejidad por lo que representa un componente esencial de la facilitación del comercio. Sin embargo, el texto actual brinda poca orientación y no establece obligaciones concretas respecto de lo que tienen que hacer los miembros para simplificar sus procedimientos. No obstante, el Artículo VIII representa una importante rampa de lanzamiento de normas para reducir y simplificar los procedimientos. Las distintas propuestas avanzadas por los miembros están relacionadas con la introducción de procedimientos aduaneros más modernos.

El pago de los derechos y cargas relacionados con los servicios prestados por los organismos públicos, por ejemplo, para la tramitación de los documentos, los documentos en sí, la inspección y pruebas y los servicios de información deben correr por cuenta de los comerciantes y de las empresas de transporte. Los derechos y cargas no son problemáticos únicamente por su importe. A menudo, el importe del derecho es muy pequeño, pero aumenta notablemente si se suman todas las tasas y cargas. Los derechos y cargas también generan costos indirectos relacionados con la falta de transparencia sobre quién debe abonar el derecho y en razón de qué servicio. Esto puede traer aparejado múltiples pagos en distintas ubicaciones de cajeros, causando retrasos, a menudo frustración y conductas proclives al incumplimiento. Para los organismos públicos, los costos relacionados con el seguimiento y la administración de los pagos son a menudo superiores a los ingresos procedentes del derecho. El examen de los derechos y cargas, y la reducción del número de tasas pueden por tanto conducir a un ahorro de costes para las administraciones públicas.